¿A quién debe corresponder la palabra final?
Las sociedades actuales afrontan de manera cada vez más notoria la discusión sobre hasta qué punto pueden o deben las normas establecidas por el poder central, incidir en la libertad de acción y decisión de los individuos. Este tema se ha vuelto una de las principales aristas que marca diferencias entre candidatos que postulan a cargos de representación política. ¿Cuál es el área de incidencia de un organismo público?, ¿hasta qué punto pueden las políticas públicas definir los criterios de bienestar de la sociedad? Este debate plantea la disyuntiva entre medidas cuantitativas de bienestar, como salud o rendimiento escolar, y la valoración de la autonomía por parte de los ciudadanos. En este dilema, se analizarán las dimensiones que un organismo público debe considerar al diseñar políticas públicas enfocadas en mejorar la salud de la ciudadanía a través de la regulación de ciertos alimentos. La restricción a comidas altas en grasas ha sido objeto de debate en distintas partes del mundo, al presentar un interesante dilema entre mejoras colectivas de salud y la libertad individual de los consumidores. ¿Cómo una entidad planificadora debe diseñar sus regulaciones? ¿Cuáles son los límites de estas normativas, y cómo afectan la autonomía de los ciudadanos? Al enfrentar al organismo central y los ciudadanos, ¿quién debe tener la palabra final?
AA.VV (2019). Dilemas Éticos para la Economía y los Negocios. Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Ediciones Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Santiago. ISBN 978-956-19-1152-9